Todos, absolutamente todos lo sabemos. Ninguna norma puede erigirse por encima de la Constitución Política del Estado. ¿Qué ganan algunos congresistas, para buscar imponer una nueva Ley Universitaria que contravenga el artículo 18 de la Constitución Política del Estado?
La calidad educativa no se negocia debajo de la mesa. Tampoco debe estar al acecho de experimentos estatistas o privatistas. Una nueva Ley Universitaria no soluciona el problema de fondo, más aún cuando se trata de hacer sin tener en cuenta la participación de los actores. El artículo 18 de la Constitución Política es claro: “cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
Somos testigos de excepción que los institutos y escuelas superiores, hace décadas, están sumidos en la lentitud tecnoburocrática, en el entrampamiento propio de su dependencia a la paquidérmica administración pública; con programas curriculares de naturaleza retrospectiva y no prospectiva. Estas instituciones educativas han crecido, muy por debajo, de la rapidez del avance tecnológico. El boom empresarial, minero y constructor de los últimos años nos ha llevado a que por cada 108 puestos de trabajo que solicitan las empresas, sólo hay 100 técnicos especializados. Contrariamente a lo que uno piensa la cantidad de postulantes en los institutos superiores no crece, ni ha variado. Paradojas totales.
El Estado, a través del Ministerio de Educación, ha demostrado históricamente serias limitaciones para brindar una educación de calidad en los niveles inicial, primaria y secundaria. Y la educación superior, mal llamada no universitaria, no es precisamente su especialidad, pues la ha mantenido a espaldas de un gran sector de la población, en lugar de contribuir en la práctica al desarrollo tecnológico sostenible del país.
No entendemos esa obsesión del gobierno, por intervenir ahora en las universidades. Esa voracidad pantagrüelística de nuestra burocracia contradice la labor desplegada por el Estado, en favor de la educación, en general, y los tecnológicos, en particular.
La relación de control o supervisión del Ministerio de Educación ya cumplió su ciclo histórico en el país. Calidad educativa es, sinónimo también, de autonomía. No sólo las Universidades, también los institutos tecnológicos merecen mecanismos para alcanzar la calidad. Nuestros legisladores deben advertir esta necesidad y esta realidad interpelante que vive nuestro país.
La autonomía ha traido mejores productos educativas que la gestión supervisada por el Ministerio de Educación. La mayoría parlamentaria, no puede borrar de un plumazo lo que dicta la ley de leyes. Trasplantar un modelo poco eficiente que ha fracaso en otros escenarios, no constituye el santo remedio para solucionar la crisis de la universidad peruana que tiene antigua data.
Para generar desarrollo sostenible con justicia social, el Perú necesita del democrático acceso a oportunidades y al alfabetismo tecnológico, con los cuáles incorporaremos en un futuro, una nueva fuerza laboral, al mundo de la industria nacional.
Los legisladores deben advertir la exigencia de la realidad: Esto es respetar la autonomía universitaria y propender hacer lo propio con las escuelas e institutos superiores porque la realidad exige una nueva visión y una nueva actitud, para ganar el futuro con una educación prospectiva, de calidad y competitiva. Es por ello que no podemos hacerle ese daño a la Universidad Peruana.
La calidad educativa no se negocia debajo de la mesa. Tampoco debe estar al acecho de experimentos estatistas o privatistas. Una nueva Ley Universitaria no soluciona el problema de fondo, más aún cuando se trata de hacer sin tener en cuenta la participación de los actores. El artículo 18 de la Constitución Política es claro: “cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
Somos testigos de excepción que los institutos y escuelas superiores, hace décadas, están sumidos en la lentitud tecnoburocrática, en el entrampamiento propio de su dependencia a la paquidérmica administración pública; con programas curriculares de naturaleza retrospectiva y no prospectiva. Estas instituciones educativas han crecido, muy por debajo, de la rapidez del avance tecnológico. El boom empresarial, minero y constructor de los últimos años nos ha llevado a que por cada 108 puestos de trabajo que solicitan las empresas, sólo hay 100 técnicos especializados. Contrariamente a lo que uno piensa la cantidad de postulantes en los institutos superiores no crece, ni ha variado. Paradojas totales.
El Estado, a través del Ministerio de Educación, ha demostrado históricamente serias limitaciones para brindar una educación de calidad en los niveles inicial, primaria y secundaria. Y la educación superior, mal llamada no universitaria, no es precisamente su especialidad, pues la ha mantenido a espaldas de un gran sector de la población, en lugar de contribuir en la práctica al desarrollo tecnológico sostenible del país.
No entendemos esa obsesión del gobierno, por intervenir ahora en las universidades. Esa voracidad pantagrüelística de nuestra burocracia contradice la labor desplegada por el Estado, en favor de la educación, en general, y los tecnológicos, en particular.
La relación de control o supervisión del Ministerio de Educación ya cumplió su ciclo histórico en el país. Calidad educativa es, sinónimo también, de autonomía. No sólo las Universidades, también los institutos tecnológicos merecen mecanismos para alcanzar la calidad. Nuestros legisladores deben advertir esta necesidad y esta realidad interpelante que vive nuestro país.
La autonomía ha traido mejores productos educativas que la gestión supervisada por el Ministerio de Educación. La mayoría parlamentaria, no puede borrar de un plumazo lo que dicta la ley de leyes. Trasplantar un modelo poco eficiente que ha fracaso en otros escenarios, no constituye el santo remedio para solucionar la crisis de la universidad peruana que tiene antigua data.
Para generar desarrollo sostenible con justicia social, el Perú necesita del democrático acceso a oportunidades y al alfabetismo tecnológico, con los cuáles incorporaremos en un futuro, una nueva fuerza laboral, al mundo de la industria nacional.
Los legisladores deben advertir la exigencia de la realidad: Esto es respetar la autonomía universitaria y propender hacer lo propio con las escuelas e institutos superiores porque la realidad exige una nueva visión y una nueva actitud, para ganar el futuro con una educación prospectiva, de calidad y competitiva. Es por ello que no podemos hacerle ese daño a la Universidad Peruana.
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