Hernando de Soto en “Los
Misterios del Capital” solía referirse sobre cuán indispensable es la propiedad
formal para la formación del capital. Un
país de propietarios, es un país que progresa.
Este marco legal es el que el país necesita para la modernización de nuestras urbes más importantes, tal y como ha sucedido con procesos similares en otros países de la región como México y Colombia.
El capital, como la energía, es
un valor en estado latente. Nace de
representar por escrito –un título, valor, contrato o documentos similares- las
cualidades económicas socialmente más útiles.
Empero, no olvidemos que un título no es un papel fácil, sino un proceso
largo de medición, estudios y registros para ser un título responsable. De esta manera, dotamos a los pobres de las
herramientas que les permiten fijar el potencial económico de sus activos.
Así lo entendimos desde el
gobierno aprista. En el quinquenio
pasado entregamos 800 mil títulos registrados, con lo que cumplimos el objetivo
trazado por la administración del presidente Alan García, de garantizar la
propiedad de los más pobres, con el
título debidamente saneado de los inmuebles que ocupan. Eso permitió el desarrollo de la economía y
el sentido de la propiedad en cada familia. Le imprimimos velocidad a un
burocrático proceso con el propósito de impulsar la economía de los hogares más
pobres del Perú.
En esa misma perspectiva, desde
el Congreso de la República impulsamos, como co autores, la Ley N°29415, que
declara de necesidad pública el proceso de Saneamiento Físico Legal de Predios
Tugurizados, con fines de renovación urbana en el ámbito nacional. 940 mil familias que viven en tugurios y
cuatro millones y medio de hogares peruanos fueron favorecidos por esta
iniciativa legislativa. El 90% de las
familias que viven en tugurios tienen una antigüedad de 40 años en el predio; y
un 85% alguna vez fue inquilino hijo o nieto de inquilino.
Esta norma que se divide en cinco
capítulos, 35 artículos, 5 disposiciones complementarias y 2 finales, tiene por
objeto que se cumpla en las siguientes etapas: Etapa de saneamiento legal de
predios tugurizados; y, Etapa de Saneamiento Físico de Predios Tugurizados. La presente Ley regula las acciones de los
procesos de saneamiento físico y legal de predios tugurizados con fines de
renovación urbana en las áreas de tratamiento sean de propiedad privada o
estatal, comprendiendo tanto a personas naturales como jurídicas y que hayan
sido designadas como tales por las municipalidades distritales.
Este marco legal es el que el país necesita para la modernización de nuestras urbes más importantes, tal y como ha sucedido con procesos similares en otros países de la región como México y Colombia.
Ciudades como Lima, Arequipa y
Trujillo cambiarán paulatinamente su rostro.
Vamos a derrotar las terribles estadísticas de la precariedad
habitacional y la información predial en los barrios antiguos y, por ende,
seguir en nuestra lucha contra la pobreza en el país como lo hicimos desde
nuestra trinchera, con justicia social. Cabe
destacar, que incluso en Ancash realizamos una serie de audiencias públicas
para dar a conocer los alcances de esta norma.
Con esta norma, mejoraremos la
calidad de vida de quienes viven hacinados en casonas antiguas y callejones. Para nadie es un secreto, que la construcción
de más viviendas y de cerca de 140 mil obras durante el quinquenio pasado, fue
la locomotora que impulsó el desarrollo y el bienestar que los peruanos hemos
comenzado a sentir en los últimos años.
El milagro peruano, le dicen.
La inclusión social no es el
parafraseo ideal para un programa de gobierno o una hoja de ruta. No, señor.
Para nada. La inclusión social es
el producto de la aplicación de la justicia social, pero sin demagogia, sin
promesas vacías. Justicia social es
sinónimo de oportunidad de propiedad para todos.
La memoria colectiva es
frágil. Ese alzheimer selectivo ha
tratado, sin éxito aparente, de colocar en el olvido nuestra participación en
Ancash por darle propiedad a los más pobres.
Están de testigos los posesionarios de Chinecas. Cuando se discutió en el Pleno del Congreso,
la hoy Ley N° 27867, “Ley que Declara la Ejecución Prioritaria el Proyecto
Especial Chinecas”, de mi autoría,
abogué por los posesionarios de Chinecas y a mi solicitud durante su
discusión, solicité la modificatoria del artículo 7° con el propósito de
resguardar sus derechos. Recogí de los
posesionarios de Chinecas, la expectativa que tenían sobre ese proyecto, por lo
que pedí que se incluyera el texto dejando a salvo los derechos que otorgan las
Leyes 27887, 28042 y 28441.
Esta semana nos recibió con una
buena noticia para Ancash y para dos mil familias del distrito de Nuevo
Chimbote, que ocupan el terreno de 62 hectáreas, zona sur este. Los pobladores de esta zona tendrán acceso al
sueño de la casa propia, en el Programa “Sitio para Todos”, que implementa esa
comuna y una ONG.
Como legislador ancashino
gestioné ante la Superintendencia de Bienes Nacional, la donación de las
tierras que pertenecían a los asentamientos humanos de las Begonias,
Conquistadores, Victoria del Sur, Praderas del Sur, Los Constructores, Nueva
Esperanza, entre otros, a la Municipalidad Provincial del Santa, luego de
descartar la posibilidad de que los posesionarios de estos terrenos tengan
título por COFOPRI, pues existen razones jurídicas que no lo permitían. Los
beneficiarios de “Sitio para Todos” deberán pagar 13 mil nuevos soles con un
plazo de 20 años para su cancelación.
Haya de la Torre siempre refirió
que para hacer justicia social era necesario generar riqueza para los más
pobres. Y la tenemos clara: generar
propiedad es generar riqueza.
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