Escribe: Wilder Calderón Castro
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La autonomía universitaria es obra de generaciones referentes, fundada en la necesidad de preservar impoluto el espíritu de su esencia, lejana de las luchas partidistas del poder político, mediante elecciones universales que decidían a cada uno de los miembros de sus órganos de gobierno. Esta conquista histórica está acendrada en la necesidad de que quienes conforman los diversos estamentos de gobierno defiendan los intereses de su colectivo, en concordia con los conceptos de desarrollo, progreso, justicia social y afirmación de valores democráticos.
Nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 18, dice a la letra: “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”. Sin embargo, la Comisión de Educación del Congreso de la República trató de enmendarle la plana a este precepto constitucional, al aprobar un dictamen que se piensa discutir, en breve, en el Pleno y que nosotros denominamos la Ley De-Mora, en alusión no sólo al congresista Daniel Mora, sino porque de-mora el consenso, de-mora la concertación, de-mora la educación de calidad, de-mora la investigación científica de calidad.
De aprobarse, esta ley perpetrará contra el Estado de Derecho un atentado de lesa cultura. La creación de una superintendencia que esté por encima de las universidades, para señalarle qué hay que estudiar, qué investigar, qué facultades crear, dónde funcionará una nueva filial, viola y desnaturaliza el principio central de la libertad de pensamiento. La universidad no es un cuartel, donde solo imponemos nuestros pareceres o donde solo podemos oír el “sí, señor” de la tropa. En tal sentido, el ex presidente Alan García defendió la autonomía universitaria como “un derecho histórico conquistado por el aprismo y Haya de la Torre en el Perú y el derecho de pensar libremente, sin un jefe militar que imponga, qué cosa hay que pensar…”.
Hablar de autonomía universitaria, por antonomasia, es referirse a la calidad educativa. Y la calidad educativa tiene su correspondencia biunívoca con la formación en competencias, con un currículo prospectivo (mas no retrospectivo), con la investigación científica de calidad, a la infraestructura,laboratorios, docentes de calidad, entre otros.
La autonomía garantiza la calidad educativa para el desarrollo social sostenible. Y la calidad educativa no tiene por qué negociarse en los pasillos del hall de los pasos perdidos, en la junta de portavoces o en un lobby en el Congreso; tampoco se garantiza por Ley.
La calidad educativa universitaria en las actuales circunstancias debe tener en cuenta el Input y Output, del proceso educativo en sí mismo. El Input está signado por la calidad del alumno que se recibe para iniciar el proceso educativo universitario y los correctivos que debemos plantear para nivelar sus habilidades y requisitos mínimos expresados, en competencias de razonamiento lógico-matemático, comunicación y técnicas de estudio. La meta del proceso formativo del profesional universitario se debe plasma en la inserción en el mercado y la satisfacción para la empleabilidad en la inserción en el mercado en el Output.
En la aplicación de todo proceso formativo universitario debe tenerse en cuenta métodos, líneas de investigación, perfiles actualizados, como siempre hemos referenciado en artículos anteriores. Debemos responder a los retos futuros en el que el profesional se incorpore y permanezca en el mercado ocupacional el mayor espacio de tiempo posible, gracias a una gestión administrativa y académica eficiente que garantiza la empleabilidad social de sus egresados.
¿Todos estos conceptos se cambiarán por ley? Creemos, modestamente, que no. Se hace necesario que la nueva Ley Universitaria y las Políticas de Estado mejoren el marco de la calidad educativa, pero desde las perspectivas de la autonomía universitaria. Es innegable, la necesidad de mejorar los actuales mecanismos de la Asamblea Nacional de Rectores y del CONEAU para garantizar calidad. Nosotros le llamamos “Autonomía Universitaria de Calidad”.
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