Escribe:
Wilder Calderón Castro*
Problematizar
la crisis educativa resulta una tarea exitosa, si se fundamenta teóricamente
vinculada a la no calidad educativa. En
este contexto de híper competitividad, la preocupación vigente es brindar
carreras que tengan relación directa con lo que exige el mercado, a fin de
ofrecer un alto grado de empleabilidad.
El crecimiento sostenible del país, la globalización
de la demanda laboral o la vorágine del desarrollo de las nuevas tecnologías
han trastocado la profesiografía tradicional de la educación superior. Lamentablemente el Perú ocupa este 2013 el
puesto 75 de 122 países, en el último índice de capital humano del Foro
Económico Mundial, mientras Costa Rica y Chile se ubican en los puestos 35 y
36.
La educación no está en crisis por cuestiones de
presupuestos. Sumidos en la lentitud
burocrática, reconocemos que nuestros programas curriculares son de naturaleza
retrospectiva y no prospectiva, lo que es relevante para nuestra fundamentación
teórica de la actual crisis educativa.
Vivimos de espaldas a las demandas actuales del mercado laboral nacional
e internacional, en un contexto de formación activa del educando para la empleabilidad
y de movilidad laboral internacional.
En el Perú solo el 5% de la Población Económicamente Activa (PEA) son trabajadores técnicos,
contrario a lo que ocurre en otras economías emergentes como Singapur que
ostenta un 23%. El déficit en ese sector
es bastante bajo, en torno a los
técnicos y a lo que conocemos como empleabilidad, término cuyo origen se
remonta a la palabra inglesa "employability", que proviene de la
unión de dos palabras: "employ" (empleo) y "hability"
(habilidad)[1].
El papel de la educación nos debería llevar a
gestionar una reingeniería de nuevas especialidades y carreras profesionales,
acordes con competencias relacionadas con el papel fundamental del
emprendimiento, las vías de colaboración con la universidad y la educación
activa para la empleabilidad.
Lamentablemente no es así, pues no existen aún políticas claras sobre
educación conceptualizada como el binomio práctica - experiencia.
El gobierno no se preocupa por la relación biunívoca
de la demanda laboral y la oferta educativa, para conseguir mayores niveles de
empleabilidad. La lentitud burocrática
de los funcionarios dorados del ministerio de San Borja, contrasta con la
rapidez del avance tecnológico para crear experiencias en los educandos, los
aportes de la neurociencia a la pedagogía y la revolución del cerebro de niños
y jóvenes en la era digital, donde la computadora es una proyección del
pensamiento y la memoria.
El panorama empeora si le sumamos el bajo
rendimiento de razonamiento verbal y matemático
de los ingresantes provenientes de los centros secundarios que se ubican
en lo más bajo de la tabla en la prueba de Pisa, por debajo de Kazajistán y
Azerbaiyán. El problema se agrava exponencialmente
cuando inferimos que esta situación es inversamente proporcional a la
capacitación docente para “tutorizar” a los estudiantes, pues en la
administración nacionalista no se ha capacitado un solo docente secundario.
El Ministerio de Educación no sólo ha avasallado la
educación superior tecnológica, sino que ha acentuado sus carencias formativas
y técnicas. Solo en el sector minero de
cada 108 puestos, 100 son técnicos especializados. Empero,
la cantidad de postulantes en los institutos superiores no ha variado en
años. Y lo que es peor el gobierno de
Ollanta Humala quiere ampliar la influencia del portafolio de Educación al
ámbito universitario. Craso error.
Sin cálculos políticos que valgan, el empresariado
nacional incluso mostró su preocupación en el CADE 2013 por la empleabilidad y
la brecha existente entre la oferta de egresados de la educación superior y las
demandas del mercado laboral. “Y quedó
establecido que, en el Perú, las competencias socioemocionales importan tanto
como las habilidades cognitivas y técnicas a la hora de predecir el progreso
educativo, la empleabilidad y los ingresos laborales”[2].
La educación es una inversión social que eleva a su
enésima potencia el desarrollo inclusivo sostenible de un país, ya que
producirá recursos humanos que contribuirán en el crecimiento de la
economía. Esta sumatoria de razonamientos
nos hace reflexionar sobre la necesidad de que las nuevas generaciones
requieren de una nueva educación.
*Dr. en
Educación y ex Congresista de la República.
[1] Campos
Río, director del Centro Interamericano de
Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (Cinterfor/OIT)
[2] http://www.ifbaldia.com/2013/05/17/empresarios-proponen-un-observatorio-por-la-educacion-y-la-
empleabilidad/
empleabilidad/
 |
| Reproducción fascimilar del artículo aparecido en la última edición de Justo Medio |
ÁNCASH VENCE EL
MIEDO
Es
hora de construir una región segura y sin corrupción
En mi calidad de ex congresista de la
República 2006-2011 representando a esta región, me dirijo a mis conciudadanos
para manifestarles lo siguiente:
1º Condenar
–como siempre lo hemos hecho- los actos de violencia que se han producido en
los últimos tiempos, al llevarnos a una situación crítica insostenible.
2º Es
imperativo, en salvaguarda del sistema democrático y de nuestra región, que las
autoridades investiguen y sancionen a quienes resulten responsables de los
execrables crímenes cometidos, bajo el amparo de una próspera industria de
muerte, que debemos amputar socialmente.
3º Exhortamos
a las instituciones tutelares de la Nación, investigar minuciosamente y
defender la paz y el orden público de la región. Como ciudadano y educador, estoy consciente
que los índices de criminalidad afectan gravemente la convivencia social, el
desarrollo sostenido de la Economía, la Gobernabilidad y la Democracia. Los cálculos políticos no sirven en este tema
tan delicado.
4º Es
hora de colocar la primera piedra para realizar los auténticos proyectos de
desarrollo que Áncash necesita para su progreso
social y que nosotros proyectamos con un marco legal, del que soy autor,
con la aprobación de Chinecas (Ley Nº 28446); Corina (Ley Nº 29760); Parque
Industrial del Santa (Ley N° 29612); Parque Industrial de Huaraz (Ley N°
29751); el Puerto y el Aeródromo de Chimbote (Ley 29731); El corredor vial
regional transversal Áncash-Huánuco-Ucayali (Proyecto de Ley Nº 3106/2008-CR);
Creación de Superintendencia de Transporte Terrestre (Ley Nº 29380); y, el
otorgamiento de facultades a los
gobiernos regionales y locales a disponer recursos a favor de la Policía
Nacional del Perú y del orden interno (Ley Nº 29010).
5º Invocamos
al pueblo ancashino y a sus autoridades, a mantenernos unidos, frente a
cualquier debilidad de los investigadores, quienes deberán mantener la mayor
exigencia por sancionar a quienes resulten responsables, caiga quien caiga.
¡Por un Áncash Seguro! ¡Por un Áncash
sin corrupción!
WILDER CALDERÓN CASTRO
Ex Congresista de la
República por Ancash (2006-2011)
Escribe: Wilder Calderón Castro*
Ha pasó una semana. El olor a multitud se disipó en las calles. El estruendo ensordecedor del silencio de los parques ya no clama ¡Justicia! La rutina se ha enquistado, nuevamente en la programación de los noticiarios.
No queda nada de esa estela trashumante de la procesión del pesar que acompañó tu féretro. ¿Dónde están los sahumerios destilando su perfume? ¿Dónde están ahora quienes se rasgaban las vestiduras por tu partida, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa?
Todos han olvidado las promesas que hicieron frente a tu cuerpo inerte, salvo tu familia. Los “no cejaremos en dar con los responsables de este crimen”, “los haremos pagar por tu muerte”, “no descansaremos hasta llegar al fondo de este caso” y toda esa perorata que recitan de memoria los demagogos que aprovechan la lluvia de flashes, hermano.
Pero, ¿dónde estaban todos cuando pedías justicia por tu hijo político, Roberto Torres, asesinado el 20 de julio del 2010, por protegerte en la puerta de tu casa de los desalmados que irrumpieron en la tranquilidad de tu hogar? ¿Dónde estaban todos cuando pedías garantías por tu familia y protegerla del sicariato, de no sé qué intereses sombríos? ¿Dónde estaban todos cuando no había cámaras filmando? Ellos siempre están para la foto, pero luego ¿qué?
Desde jóvenes abrigamos los mismos sueños, pero siempre estuvimos en veredas distintas como dos paralelas que se unen en el infinito; sin embargo, eso no importaba. Caminé cerca de tu sombra, nos encontramos siempre, mi hermano, en la arenga social y siempre compartimos el credo de la justicia social. “Te quise a mi modo y de a ratos tomé tu voz libre como el agua”, como diría el poeta.
Ha pasado una semana y la frágil memoria colectiva de nuestra clase política, apenas recuerda que un luchador social fue asesinado en Huacho, por un joven sicario, el último viernes 14 de marzo. ¿Dónde están los monumentos de tu efigie que te debe la ciudad? ¿Dónde están todos?
Valientemente denunciabas la corrupción ante el Poder Judicial y Ministerio Público y ya son múltiples las víctimas de asesinos a sueldo: Luis Sánchez Milla, Jorge Boyascky Paredes, José Montalván Macedo, Hilda Saldarriaga Bracamonte.
Aún no puedo creerlo. Dicen que has muerto, pero no creo ni una línea. Tú no puedes morir. El olvido no puede ser panteón de una vida ejemplar. Tu existencia transpone ese maldito alzheimer que ataca nuestra sociedad, pues vives encadenado en el corazón del pueblo. De seguro compartes estancia con Phillips, Arévalo, Barreto y tantos líderes sindicalistas, mártires del pueblo.
¿Dónde quedaron tus sueños, Ezequiel? ¿Cuándo saldremos de esta pesadilla, hermano?
Escribe: Wilder Calderón Castro
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La autonomía universitaria es obra de generaciones referentes, fundada en la necesidad de preservar impoluto el espíritu de su esencia, lejana de las luchas partidistas del poder político, mediante elecciones universales que decidían a cada uno de los miembros de sus órganos de gobierno. Esta conquista histórica está acendrada en la necesidad de que quienes conforman los diversos estamentos de gobierno defiendan los intereses de su colectivo, en concordia con los conceptos de desarrollo, progreso, justicia social y afirmación de valores democráticos.
Nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 18, dice a la letra: “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”. Sin embargo, la Comisión de Educación del Congreso de la República trató de enmendarle la plana a este precepto constitucional, al aprobar un dictamen que se piensa discutir, en breve, en el Pleno y que nosotros denominamos la Ley De-Mora, en alusión no sólo al congresista Daniel Mora, sino porque de-mora el consenso, de-mora la concertación, de-mora la educación de calidad, de-mora la investigación científica de calidad.
De aprobarse, esta ley perpetrará contra el Estado de Derecho un atentado de lesa cultura. La creación de una superintendencia que esté por encima de las universidades, para señalarle qué hay que estudiar, qué investigar, qué facultades crear, dónde funcionará una nueva filial, viola y desnaturaliza el principio central de la libertad de pensamiento. La universidad no es un cuartel, donde solo imponemos nuestros pareceres o donde solo podemos oír el “sí, señor” de la tropa. En tal sentido, el ex presidente Alan García defendió la autonomía universitaria como “un derecho histórico conquistado por el aprismo y Haya de la Torre en el Perú y el derecho de pensar libremente, sin un jefe militar que imponga, qué cosa hay que pensar…”.
Hablar de autonomía universitaria, por antonomasia, es referirse a la calidad educativa. Y la calidad educativa tiene su correspondencia biunívoca con la formación en competencias, con un currículo prospectivo (mas no retrospectivo), con la investigación científica de calidad, a la infraestructura,laboratorios, docentes de calidad, entre otros.
La autonomía garantiza la calidad educativa para el desarrollo social sostenible. Y la calidad educativa no tiene por qué negociarse en los pasillos del hall de los pasos perdidos, en la junta de portavoces o en un lobby en el Congreso; tampoco se garantiza por Ley.
La calidad educativa universitaria en las actuales circunstancias debe tener en cuenta el Input y Output, del proceso educativo en sí mismo. El Input está signado por la calidad del alumno que se recibe para iniciar el proceso educativo universitario y los correctivos que debemos plantear para nivelar sus habilidades y requisitos mínimos expresados, en competencias de razonamiento lógico-matemático, comunicación y técnicas de estudio. La meta del proceso formativo del profesional universitario se debe plasma en la inserción en el mercado y la satisfacción para la empleabilidad en la inserción en el mercado en el Output.
En la aplicación de todo proceso formativo universitario debe tenerse en cuenta métodos, líneas de investigación, perfiles actualizados, como siempre hemos referenciado en artículos anteriores. Debemos responder a los retos futuros en el que el profesional se incorpore y permanezca en el mercado ocupacional el mayor espacio de tiempo posible, gracias a una gestión administrativa y académica eficiente que garantiza la empleabilidad social de sus egresados.
¿Todos estos conceptos se cambiarán por ley? Creemos, modestamente, que no. Se hace necesario que la nueva Ley Universitaria y las Políticas de Estado mejoren el marco de la calidad educativa, pero desde las perspectivas de la autonomía universitaria. Es innegable, la necesidad de mejorar los actuales mecanismos de la Asamblea Nacional de Rectores y del CONEAU para garantizar calidad. Nosotros le llamamos “Autonomía Universitaria de Calidad”.
Escribe: Wilder Calderón Castro
Los ejemplos abundan. Parecieran salidos del mismísimo realismo mágico. Durante un cónclave literario en los 60, realizado en la Universidad Nacional de Ingeniería, Mario Vargas Llosa le reseñó a Gabriel García Márquez cómo un gobierno brasileño suprimió una epidemia con un decreto. El autor de “Cien Años de Soledad” retrucó que un gobernante colombiano pretendió con una ley olvidar el episodio de la matanza de tres mil obreros.
El dictador Juan Velasco Alvarado hizo precisamente lo propio con la reforma agraria, a sabiendas que ese proceso duró cincuenta años en México y que nuestros campesinos no contaban con la capacitación o tecnología.
Podríamos acusar de lo mismo al extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien dictó decretos con rango, valor y fuerza de ley durante la mayor parte de su gobierno. Y ni qué hablar de su émulo Nicolás Maduro quien inauguró la “navidad temprana”, 54 días antes, para dizque brindar al pueblo la “suprema felicidad social”. "Feliz Navidad 2013, Navidad temprana, victoria temprana, felicidad temprana para toda la familia, pues es objetivo de mi gobierno la suprema felicidad social de todo el pueblo, así reciba burlas de la burguesía apátrida", declaró.
La mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula no son producto de la pluma de legisladores o de quien promulga la ley. Una resolución suprema o un decreto legislativo no aterrizan en la cotidianidad de la universidad. El nivel de los docentes y de los alumnos no puede elevarse, por obra y gracia de los considerandos o la parte resolutiva de un documento proveniente de algún burócrata. Tampoco nos sacará del fondo de la tabla PISA.
El dictamen de la nueva Ley Universitaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República ingresará pronto al Pleno. Este futuro legicidio contra la autonomía universitaria se perpetrará a vista y paciencia de una representación nacional que inclinará la cerviz, para acatar los dictados palaciegos, a pesar de que la inconstitucionalidad en sí misma que encierra este proyecto de ley que contraviene el artículo 18 de la Constitución Política del Estado.
En la vida republicana existen situaciones políticas claves, donde debemos buscar la reflexión, concordia y unión entre peruanos, tal y como ocurrió frente al veredicto de la Corte Internacional de la Haya y que puso fin a la controversia marítima entre Perú y Chile. ¿Acaso la educación y la calidad educativa no es también una política de Estado? ¿La polarización política le hace bien al país y a la educación que impartimos en los colegios y las universidades?
Los autores del proyecto de ley tienen el mérito de poner en primera plana lo que evidentemente es una necesidad, pues la ley que rige la vida universitaria actual data de hace treinta años. Es tiempo de hacer una introspección y cambiar como producto de eso, tal y como ocurre en el mundo universitario, pues de la discusión nace la luz. Empero, deberemos realizar este debate en el marco de la ética, el respeto constitucional y legal, sin transgresiones.
La calidad educativa es indispensable en un mundo globalizado y competitivo. No nos podemos restringir a elaborar la norma. Debemos delimitar también políticas y visiones a largo plazo que nos permitan trabajar científicamente por sistemas, procesos y metodologías que registren resultados y elementos contrastables (llámense indicadores). Cada uno de los componentes (un currículo prospectivo; un perfil para la empleabilidad del egresado; un plan de estudios por competencias; el escenario e implementos de avanzada) resultan fundamentales para dotar de calidad la educación.
El control de calidad debe hacerse con ciencia y conciencia acompañado de institucionales como las implementadas por el CONEASE, que para el caso de las universidades es CONEAU. Las cosas como son: La superintendencia adjunta al Ministerio de Educación que promueve el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Educación del Congreso de la República no garantiza la más remota calidad. Éste es el fondo del debate.
En el aquí y ahora los legisladores tienen una responsabilidad histórica. La calidad en la educación universitaria no se impone con una ley que no resiste un mínimo debate. Invocamos, desde estas líneas, la reflexión, el análisis pertinente y no conducirse por protagonismos o impulsos. El país, los jóvenes y las futuras generaciones así lo demandan hoy. La mayoría (que es la verdadera minoría del país) lo sabe.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
Los ejemplos abundan. Parecieran salidos del mismísimo realismo mágico. Durante un cónclave literario en los 60, realizado en la Universidad Nacional de Ingeniería, Mario Vargas Llosa le reseñó a Gabriel García Márquez cómo un gobierno brasileño suprimió una epidemia con un decreto. El autor de “Cien Años de Soledad” retrucó que un gobernante colombiano pretendió con una ley olvidar el episodio de la matanza de tres mil obreros.
El dictador Juan Velasco Alvarado hizo precisamente lo propio con la reforma agraria, a sabiendas que ese proceso duró cincuenta años en México y que nuestros campesinos no contaban con la capacitación o tecnología.
Podríamos acusar de lo mismo al extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien dictó decretos con rango, valor y fuerza de ley durante la mayor parte de su gobierno. Y ni qué hablar de su émulo Nicolás Maduro quien inauguró la “navidad temprana”, 54 días antes, para dizque brindar al pueblo la “suprema felicidad social”. "Feliz Navidad 2013, Navidad temprana, victoria temprana, felicidad temprana para toda la familia, pues es objetivo de mi gobierno la suprema felicidad social de todo el pueblo, así reciba burlas de la burguesía apátrida", declaró.
La mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula no son producto de la pluma de legisladores o de quien promulga la ley. Una resolución suprema o un decreto legislativo no aterrizan en la cotidianidad de la universidad. El nivel de los docentes y de los alumnos no puede elevarse, por obra y gracia de los considerandos o la parte resolutiva de un documento proveniente de algún burócrata. Tampoco nos sacará del fondo de la tabla PISA.
El dictamen de la nueva Ley Universitaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República ingresará pronto al Pleno. Este futuro legicidio contra la autonomía universitaria se perpetrará a vista y paciencia de una representación nacional que inclinará la cerviz, para acatar los dictados palaciegos, a pesar de que la inconstitucionalidad en sí misma que encierra este proyecto de ley que contraviene el artículo 18 de la Constitución Política del Estado.
En la vida republicana existen situaciones políticas claves, donde debemos buscar la reflexión, concordia y unión entre peruanos, tal y como ocurrió frente al veredicto de la Corte Internacional de la Haya y que puso fin a la controversia marítima entre Perú y Chile. ¿Acaso la educación y la calidad educativa no es también una política de Estado? ¿La polarización política le hace bien al país y a la educación que impartimos en los colegios y las universidades?
Los autores del proyecto de ley tienen el mérito de poner en primera plana lo que evidentemente es una necesidad, pues la ley que rige la vida universitaria actual data de hace treinta años. Es tiempo de hacer una introspección y cambiar como producto de eso, tal y como ocurre en el mundo universitario, pues de la discusión nace la luz. Empero, deberemos realizar este debate en el marco de la ética, el respeto constitucional y legal, sin transgresiones.
La calidad educativa es indispensable en un mundo globalizado y competitivo. No nos podemos restringir a elaborar la norma. Debemos delimitar también políticas y visiones a largo plazo que nos permitan trabajar científicamente por sistemas, procesos y metodologías que registren resultados y elementos contrastables (llámense indicadores). Cada uno de los componentes (un currículo prospectivo; un perfil para la empleabilidad del egresado; un plan de estudios por competencias; el escenario e implementos de avanzada) resultan fundamentales para dotar de calidad la educación.
El control de calidad debe hacerse con ciencia y conciencia acompañado de institucionales como las implementadas por el CONEASE, que para el caso de las universidades es CONEAU. Las cosas como son: La superintendencia adjunta al Ministerio de Educación que promueve el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Educación del Congreso de la República no garantiza la más remota calidad. Éste es el fondo del debate.
En el aquí y ahora los legisladores tienen una responsabilidad histórica. La calidad en la educación universitaria no se impone con una ley que no resiste un mínimo debate. Invocamos, desde estas líneas, la reflexión, el análisis pertinente y no conducirse por protagonismos o impulsos. El país, los jóvenes y las futuras generaciones así lo demandan hoy. La mayoría (que es la verdadera minoría del país) lo sabe.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
Escribe: Wilder Calderón Castro
No se requiere de una bola de cristal, ni de extraños sortilegios, para saber que estábamos coleros en educación primaria y secundaria. El resultado de la última evaluación PISA no nos sorprende y ya lo habíamos anunciado desde estas líneas en “Justo Medio”. La demagogia gobiernista lleva al Perú a ocupar el puesto 65 de 65 países, tras obtener los peores resultados en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. ¿Queremos también un panorama igual de aterrador para la educación superior universitaria?
Dejar atrás algunas reformas emprendidas en el quinquenio pasado por el gobierno de Alan García, dícese la ley de la reforma magisterial, modernización de gestión, construcción de nuevos Marcos curriculares o la reconstrucción de los colegios emblemáticos, son las causas de ese retraso, en el corto plazo, y que evidencian la evaluación PISA. Hemos terminado desandando un camino trascendente para la recuperación de la educación pública.
No podemos seguir haciendo demagogia con la expectativa del pueblo. Cada día nos convencemos más que la educación es la base del desarrollo; sin embargo, desde el Ejecutivo se hace cada vez menos, a pesar de la oferta electoral de incrementar el porcentaje para este sector en el presupuesto nacional.
La educación básica y los institutos y escuelas superiores, hace décadas, están sumidos en la lentitud tecno burocrática, en el entrampamiento propio de su dependencia a la administración pública; con programas curriculares de naturaleza retrospectiva y no prospectiva. En Lima, el 50% de los centros educativos son privados. Eso muestra que en realidad, los estudiantes están dejando la escuela pública para ir a la privada, por la percepción de la población que no existe calidad educativa en los colegios administrados por el actual gobierno.
¿Acaso el ataque sistemático a las universidades obedece a un psicosocial que pretende tender una cortina de humo, sobre la deficiente calidad educativa en los primeros años del educando peruano, que suelen ser los más importantes? ¿Desde cuándo es urgente edificar techos sin fortalecer, en primer lugar, los cimientos en la formación de los estudiantes peruanos? Es urgente, que el Estado dedique esfuerzos para velar por la calidad de la educación pública básica regular (inicial, primaria y secundaria).
La Ley Universitaria vigente y que rige el actual sistema tiene más de 30 años y obedece a contextos políticos, sociales y económicos caducos. Coincidimos que la norma debe modificarse por los avances del conocimiento científico, de la tecnología y de las nuevas características de la realidad. Sin embargo, el común denominador para elaborar la nueva ley debiera ser el respeto de los principios y de los preceptos constitucionales, donde el artículo 18 de la Constitución es clarísimo: “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
¿A ese mismo gato que mantiene deficitariamente la actual educación pública regular, pretendemos dejarles el despensero llamado Universidad Peruana? ¿Qué garantías de calidad educativa tenemos nosotros con la creación de la superintendencia adjunta al Ministerio de Educación que promueve el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Educación del Congreso de la República?
Calidad educativa sí, sí o sí. Siempre en el mismo marco jurídico de respeto a la Constitución. Atrás debieran quedar las imposiciones, los autoritarismos y los verticalismos que tanto daño le hace al país. La polarización política se auto exime de argumentos técnicos y exacerba los prejuicios sobre el tema. El control de calidad debe hacerse con ciencia y consciencia acompañado de políticas objetivas de calidad en el CONEAU, a través de la autorregulación.
Aunque parezca contradictorio coincidimos con los voceros de este gobierno, cuando expresan que todos somos culpables de esta crisis que viven estos centros de estudios superiores. La responsabilidad de la Universidad Peruana radica precisamente en no exigir al gobierno políticas claras, en materia de calidad educativa e investigación científica.
Somos culpables también de la crisis porque nosotros elegimos a personalidades provenientes de agrupaciones políticas no preparadas, a quienes otros llaman partidos de medio pelo, farsantes que fungen de técnicos; improvisados sabelotodos que no saben gobernar un país; asesores sin meritocracia; y, directivos sin capacidad efectiva de gobierno. En resumen, políticos sin autoridad moral que hablan de universidad, sin haber pisado una.
No es gratuito que se diga que la norma propuesta por el congresista Daniel Mora Zevallos y que la mayoría parlamentaria del Nacionalismo desea aprobar a rajatabla, entre gallos y medianoche, generará un mayor retraso en las metas de educación de calidad, que aspiramos durante los próximos años como Estado. La llamada LEY DE MORA, precisamente es eso: DE-MORA el progreso, DE-MORA el consenso, DE-MORA la concertación, DE-MORA la educación de calidad, DE-MORA un clima de armonía, DE-MORA la investigación científica de calidad, DE MORA la garantía jurídica a la inversión en un Estado de Derecho.
*Doctor en Educación y ex Congresista de la República.
Publicado en Justo Medio: http://issuu.com/justomedio/docs/jmed68?e=1058676/6334593
Todos, absolutamente todos lo sabemos. Ninguna norma puede erigirse por encima de la Constitución Política del Estado. ¿Qué ganan algunos congresistas, para buscar imponer una nueva Ley Universitaria que contravenga el artículo 18 de la Constitución Política del Estado?
La calidad educativa no se negocia debajo de la mesa. Tampoco debe estar al acecho de experimentos estatistas o privatistas. Una nueva Ley Universitaria no soluciona el problema de fondo, más aún cuando se trata de hacer sin tener en cuenta la participación de los actores. El artículo 18 de la Constitución Política es claro: “cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
Somos testigos de excepción que los institutos y escuelas superiores, hace décadas, están sumidos en la lentitud tecnoburocrática, en el entrampamiento propio de su dependencia a la paquidérmica administración pública; con programas curriculares de naturaleza retrospectiva y no prospectiva. Estas instituciones educativas han crecido, muy por debajo, de la rapidez del avance tecnológico. El boom empresarial, minero y constructor de los últimos años nos ha llevado a que por cada 108 puestos de trabajo que solicitan las empresas, sólo hay 100 técnicos especializados. Contrariamente a lo que uno piensa la cantidad de postulantes en los institutos superiores no crece, ni ha variado. Paradojas totales.
El Estado, a través del Ministerio de Educación, ha demostrado históricamente serias limitaciones para brindar una educación de calidad en los niveles inicial, primaria y secundaria. Y la educación superior, mal llamada no universitaria, no es precisamente su especialidad, pues la ha mantenido a espaldas de un gran sector de la población, en lugar de contribuir en la práctica al desarrollo tecnológico sostenible del país.
No entendemos esa obsesión del gobierno, por intervenir ahora en las universidades. Esa voracidad pantagrüelística de nuestra burocracia contradice la labor desplegada por el Estado, en favor de la educación, en general, y los tecnológicos, en particular.
La relación de control o supervisión del Ministerio de Educación ya cumplió su ciclo histórico en el país. Calidad educativa es, sinónimo también, de autonomía. No sólo las Universidades, también los institutos tecnológicos merecen mecanismos para alcanzar la calidad. Nuestros legisladores deben advertir esta necesidad y esta realidad interpelante que vive nuestro país.
La autonomía ha traido mejores productos educativas que la gestión supervisada por el Ministerio de Educación. La mayoría parlamentaria, no puede borrar de un plumazo lo que dicta la ley de leyes. Trasplantar un modelo poco eficiente que ha fracaso en otros escenarios, no constituye el santo remedio para solucionar la crisis de la universidad peruana que tiene antigua data.
Para generar desarrollo sostenible con justicia social, el Perú necesita del democrático acceso a oportunidades y al alfabetismo tecnológico, con los cuáles incorporaremos en un futuro, una nueva fuerza laboral, al mundo de la industria nacional.
Los legisladores deben advertir la exigencia de la realidad: Esto es respetar la autonomía universitaria y propender hacer lo propio con las escuelas e institutos superiores porque la realidad exige una nueva visión y una nueva actitud, para ganar el futuro con una educación prospectiva, de calidad y competitiva. Es por ello que no podemos hacerle ese daño a la Universidad Peruana.
La calidad educativa no se negocia debajo de la mesa. Tampoco debe estar al acecho de experimentos estatistas o privatistas. Una nueva Ley Universitaria no soluciona el problema de fondo, más aún cuando se trata de hacer sin tener en cuenta la participación de los actores. El artículo 18 de la Constitución Política es claro: “cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
Somos testigos de excepción que los institutos y escuelas superiores, hace décadas, están sumidos en la lentitud tecnoburocrática, en el entrampamiento propio de su dependencia a la paquidérmica administración pública; con programas curriculares de naturaleza retrospectiva y no prospectiva. Estas instituciones educativas han crecido, muy por debajo, de la rapidez del avance tecnológico. El boom empresarial, minero y constructor de los últimos años nos ha llevado a que por cada 108 puestos de trabajo que solicitan las empresas, sólo hay 100 técnicos especializados. Contrariamente a lo que uno piensa la cantidad de postulantes en los institutos superiores no crece, ni ha variado. Paradojas totales.
El Estado, a través del Ministerio de Educación, ha demostrado históricamente serias limitaciones para brindar una educación de calidad en los niveles inicial, primaria y secundaria. Y la educación superior, mal llamada no universitaria, no es precisamente su especialidad, pues la ha mantenido a espaldas de un gran sector de la población, en lugar de contribuir en la práctica al desarrollo tecnológico sostenible del país.
No entendemos esa obsesión del gobierno, por intervenir ahora en las universidades. Esa voracidad pantagrüelística de nuestra burocracia contradice la labor desplegada por el Estado, en favor de la educación, en general, y los tecnológicos, en particular.
La relación de control o supervisión del Ministerio de Educación ya cumplió su ciclo histórico en el país. Calidad educativa es, sinónimo también, de autonomía. No sólo las Universidades, también los institutos tecnológicos merecen mecanismos para alcanzar la calidad. Nuestros legisladores deben advertir esta necesidad y esta realidad interpelante que vive nuestro país.
La autonomía ha traido mejores productos educativas que la gestión supervisada por el Ministerio de Educación. La mayoría parlamentaria, no puede borrar de un plumazo lo que dicta la ley de leyes. Trasplantar un modelo poco eficiente que ha fracaso en otros escenarios, no constituye el santo remedio para solucionar la crisis de la universidad peruana que tiene antigua data.
Para generar desarrollo sostenible con justicia social, el Perú necesita del democrático acceso a oportunidades y al alfabetismo tecnológico, con los cuáles incorporaremos en un futuro, una nueva fuerza laboral, al mundo de la industria nacional.
Los legisladores deben advertir la exigencia de la realidad: Esto es respetar la autonomía universitaria y propender hacer lo propio con las escuelas e institutos superiores porque la realidad exige una nueva visión y una nueva actitud, para ganar el futuro con una educación prospectiva, de calidad y competitiva. Es por ello que no podemos hacerle ese daño a la Universidad Peruana.
El reciente libro “Confucio y la Globalización: Comprender a China y Crecer con ella” del
ex presidente de la República Alan García Pérez será presentado en la
ciudad de Chimbote este miércoles 23 de octubre, a las 6:00 p.m. en el
Auditorio Principal del Colegio de Abogados de Chimbote, Jr. Elías
Aguirre 151, Chimbote.
La publicación
explica los procesos que permitieron el surgimiento y la creciente
gravitación de China como fenómeno de crecimiento productivo social
sostenible en el actual escenario internacional, bajo la conducción de
Deng Xiaoping y por la milenaria revolución confuciana que tiene una
antigüedad que data de hace 2,500 años. El desarrollo sostenible con la
China debe ser producto d
El acto contará con la
participación en los comentarios de connotadas personalidades del mundo
político y académico como el actual congresista por Lima, Mauricio
Mulder Bedoya; el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Dr.
Enrique Cornejo Ramírez; y, el parlamentario 2006-2011 por Áncash,
Wilder Calderón Castro.
El evento ostenta
el auspicio de la Universidad Peruana Simón Bolívar y el Instituto de
Educación Superior Tecnológico CEPEA. El ingreso es libre. Informes y
reservas al teléfono 998044037, R.P.M. #919530 o al e mail: jcsifuentesarias7@hotmail.com
Escribe: Wilder Calderón Castro*
La
coherencia de un gobernante es una virtud realmente apreciada por sus
electores. En el transcurrir de una vida
política, no se debe mostrar una conducta pendular del blanco al negro, de la
radicalidad a la ultra derecha, del agua al oro, de la democracia a la
intransigencia, de la persecución al diálogo.
Ese actuar político siempre pasa factura. “Para
que les decimos que no, si sí”.
Desde que era candidato presidencial ya
revelaba alguna sintomatología. El Humala
de entonces prometía defender las lagunas y las riberas acuíferas ubicados en
las cabeceras de las cuencas de Bambamarca, tras azuzar a la población civil
con su interrogante a boca de jarro: ¿Qué es más importante el agua o el oro? Una vez en el poder, sin embargo, la presión
popular lo hizo retroceder cuando defendía a la minera Yanacocha y su poco
célebre frase “Conga va”… y no fue nunca.
Otro indicio lo constituye el desafío y
traición a la base social que lo elevó al poder con tal de imponer su electorera
“hoja de ruta”, programa que significó el inicio de su viraje revisionista
respecto a su proyectada “gran transformación”, conjunto de radicales reformas
del Estado concentradas en su primer plan de gobierno.
Las flagantes contradicciones del jefe de Estado,
en torno a la negativa de indulto al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori lo
pintan por entero. Si bien es potestad
del mandatario conceder esa gracia, no entendemos entonces por qué pedirle a la
familia que le hagan llegar su solicitud.
Ese vía crucis se pudo evitar con una pizca de prudencia.
No se puede caer en tan agudas contradicciones
como anunciar una crisis, para luego desmentirse al día siguiente y pasar de
las vacas gordas, a las flacas y finalmente a las robustas, cuando las
proyecciones más pesimistas sostienen que el crecimiento de nuestra economía es
superior a un 4% para este año.
Hasta instituciones crediticias internacionales
como Ficth Ratings le enmiendan la plana al presidente al sostener que el Perú
sigue demostrando que pese a la baja en los precios de las materias primas,
puede seguir creciendo por encima del ritmo de expansión de países con
similares calificaciones y ni qué decir de América Latina.
No se puede insultar y luego concertar, no se
puede injuriar y luego llamar al diálogo.
No se puede criticar una gestión anterior desde la inercia y la
hipertrofia estatal. No se puede blindar
a un ex mandatario por evidente enriquecimiento ilícito y convertir la lejana
sospecha en ficticio indicio para perseguir con mano dura a otro ex presidente
que les resulta políticamente incómodo.
No se puede uno titularse demócrata y defensor
de las instituciones tutelares y de los derechos civiles, para luego avalar la
fraudulenta elección de Nicolás Maduro en Venezuela.
En la administración del presidente Ollanta
Humala se expresan una serie de contradicciones en todo ámbito, a tal grado que
podríamos concluir el diagnóstico con un solo resultado: Este gobierno padece
de cierto grado de bipolaridad. La
receta es simple: Una pizca de ubicaína, dejar de lado la soberbia, coherencia
política en dosis homeopáticas y tres píldoras diarias de hiperactividad
laboral por el bienestar del Perú. El
tratamiento deberá seguirse estrictamente hasta el 28 de julio del 2016.
*Dr. en
Educación y ex Congresista de la República
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