Algunos juzgarán que
todavía es muy temprano para adelantar juicio sobre la gestión de la actual presidencia
regional de Ancash, en ejercicio. Nos
acusarán de obstruccionistas; nos tildarán de petarderos o de antisistema. Pero no importa; argumentos sobran. El presidente regional Vargas Barrenechea
carece de legitimidad política para gobernarnos.
Enrique Vargas
Barrenechea, actual presidente regional provisional, en tanto se aclara
la situación jurídica del inhabilitado Waldo Ríos Salcedo, tiene una pesada
herencia, que no sabe aún cómo administrar.
El déficit presupuestal de Ancash 2014, que ascendiente a
355 millones de nuevos soles, es expresión visible de esa honda crisis regional
en la que estamos sumidos y que contrasta con la anterior bonanza, sustentada
en los dineros productos del canon y los remanentes mineros para Ancash, que
defendimos ardorosamente en el Congreso de la República y que representaron
hasta el 2011 más de dos mil millones de soles, que debieron estar destinados
para invertir en carreteras, que nunca fueron, por obra y gracia del alvarismo
galopante.
Como parlamentario en el quinquenio pasado, procuré dotar a
la región de un marco jurídico para garantizar su crecimiento y desarrollo
sostenible, con las siguientes leyes de mi autoría: La Ley N° 29446, “Ley que Declara la
Ejecución Prioritaria del Proyecto Especial Chinecas”; la Ley N° 29612, “Ley de
Creación del Parque Industrial del Santa”; la Ley N° 29751, “Ley de Creación
del Parque Industrial de Huaraz”; la Ley N° 29731, “Ley que crea Unidades
Ejecutoras del Puerto y el Aeródromo de Chimbote”; y la Ley N° 29760, “Ley que
declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto de
trasvase del río Marañón y el represamiento y la derivación del Río Huallaga,
para fines hidroenergéticos y agrícolas” (derogada por el actual pleno del
Congreso).
Pero este esfuerzo emprendido entre el 2006-2011 no fue
correspondido desde las altas esferas de una tecnoburocracia regional corrupta,
lista para engrosar las cuentas bancarias de todo un aparato estatal y privado
(vía la concesión de obra y licitación amañada), puesta al servicio de la mafia
amarillista. Pulso Perú de Datum arroja
que el 92% de peruanos considera que el actual nivel de corrupción en el país
es muy alto e, incluso, el 76% cree que la corrupción aumentó en los dos
últimos años.
Profundizar las reformas, es sinónimo de descentralizar los
recursos e impulsar las obras públicas, para promover el empleo productivo y
activar la industria nacional. Durante
las últimas elecciones regionales, pusimos en debate una serie de propuestas
como el tren o el gaseoducto regional, que son de necesidad urgente para el
desarrollo. No nos aventuramos a la promesa
fácil; no caímos en la demagogia de la dádiva y del obsequio. Empero, la intención manifiesta de
desprestigiar a los partidos propició la banalización de las propuestas
electorales, las mismas que culminaron en
el partidor de la segunda vuelta con los dos candidatos que menos aportaron al
debate político, siendo generosos.
Los ancashinos no votaron por Vargas Barrenechea, ni por
Waldo Ríos. Votaron por la demagógica
promesa de entregarles 500 nuevos soles a las familias de la región, provenientes
del canon minero de la región. Votaron por las mentiras de los comarcas
regionales.
El actual presidente regional no cuenta con la legitimidad
de los votos que le pertenecían a Waldo Ríos.
Tampoco con la viabilidad política, puesto que no existe un plan de
gobierno. Carece de cuadros técnicos que
apuesten por la gobernabilidad regional y combatan la corrupción enquistada en
el aparato estatal.
No hay visión de desarrollo, ni hoja de ruta; desconocemos
hasta hoy sus propuestas. Este panorama
de incertidumbre y mediocridad lo cubre
todo.
La delincuencia prima en calles y avenidas. Los servicios colapsan. Las obras están paralizadas. ¿Y qué hacen nuestras autoridades? No les vemos propósito de enmienda para convocar
a todas las fuerzas políticas para concertar y resolver los grandes problemas
de gobernabilidad en la región. En realidad, estamos muy lejos de tender
puentes.
En resumen, estamos hartos de tanta mecida. Apenas los plazos legales estén vencidos,
recurriremos al ente electoral para salir de este laberinto, al que nos llevó
el voto no informado; no consciente. Prestos
y listos, solicitaremos la revocatoria para nuestras actuales autoridades
regionales, por ser de justicia.
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