Escribe: Wilder Calderón
Nuestro cielo gris en octubre, mes de
recogimiento, se tiñe de morado. El Cristo de Pachacamilla, le hizo el
milagro, pues terminó la huelga magisterial y los hijos del pueblo, aquellos
cuyos padres no pueden pagar un centro educativo particular, regresan por fin a
las aulas. Sin embargo, los designios de la energía superior parecen
estrellarse, sin remedio alguno, en el Congreso de la República, donde se
ha aprobado el dictamen de la Ley de Desarrollo Docente.
La semana que pasó asistimos a un
importante coloquio para analizar la Ley de Desarrollo Docente, propuesta
por el actual Ejecutivo. Anunciaron con anticipación que el debate
estaría conformado por representantes del gobierno, del Congreso, líderes
sindicales, líderes políticos. Llegado el día, estuvimos presentes,
pertrechados solamente de nuestras razones y convicciones. Pero sobretodo
de nuestra defensa de los valores, conquistas y beneficios del magisterio.
Sólo se presentó, el líder del SUTEP
y representante del partido patria roja en el Acuerdo Nacional, César Barrera
Bazán con quien confrontamos ideas y coincidimos en lo nefasta que podría
ser la aplicación de la Ley de Desarrollo Docente. Nuestros
argumentos giraron sobre los siguientes ítems:
Primera conclusión: Defender la ley
de la carrera pública magisterial es defender el concepto de calidad
educativa. La necesidad de que la educación pública sea educación de calidad
resulta imperiosa en nuestro contexto nacional. Según la última encuesta
nacional-urbana de Ipsos Apoyo publicada este domingo por El Comercio, casi el 90% de los
encuestados considera que la educación básica en nuestro país puede ser
calificada entre regular y mala. Nuestro país ocupa el deshonroso
puesto 138 de 144 en cuanto a calidad de la educación primaria, según el último
Índice de Competitividad Global (2012-2013).
En los últimos 10 años, las
remuneraciones del magisterio se incrementaron inicialmente con el presidente
Toledo en un 75% y durante el segundo gobierno de Alan García, gracias a la ley
de la carrera pública magisterial, se aumentó en un 400%.
Es menester entender que el binomio
desarrollo económico y educación de calidad no siempre van de la mano.
Burundi es un país africano que ocupa el puesto 100 de 142 en relación a
calidad educativa, teniendo un ingreso per cápita de 279 dólares. En
cambio, el Perú tiene 5,782 dólares per cápita de ingresos; no obstante y ocupa
el lugar 138 de 144 en educación. Sierra Leona ocupa el puesto 116 en
educación con un ingreso per cápita de 362 dólares. No cabe duda.
Es menester trabajar en aunar esfuerzos por la calidad educativa y conciliar en
materia de políticas educativas. El actual Ministerio de Educación
como lo reconoce un editorial del diario “El Comercio” parece estar más preocupado
en hacer concesiones que tranquilicen al Sutep, que en lograr una verdadera
reforma del sistema educativo.
Segunda Conclusión: La calidad
educativa se defiende con meritocracia. Este precepto que defendimos desde el Congreso durante el
quinquenio 2006-2011 reposa en la necesidad del mérito del docente como
condición sine qua non para acceder, permanecer y ascender en la carrera
pública magisterial. El precepto es simple: Sin una cultura de
capacitación permanente no existe un ajuste de remuneración.
Tercera Conclusión: No existe
voluntad política de la actual representación nacional en Congreso de la
República, para dotar de calidad a la educación pública. Este limbo de dudas e imprecisiones nos permiten apuntar
baterías en contra de quienes no responden a nuestras expectativas
electorales. Si revisamos la norma propuesta por el actual Ejecutivo, Ley
de Desarrollo Docente, podremos apreciar que recoge el 90% de la Ley de la
Carrera Pública Magisterial. Un terrible copy page. ¿Por qué entonces
no sólo modificar la ley de la carrera pública magisterial en lugar de vetarla
tácitamente, sin decirlo? ¿Cuál es la necesidad de imponerle a todo su
sello partidario? No nos explicamos el porqué de este “complejo”
fundacional (léase complejo de fundar de nuevo instituciones y leyes). ¿A
quién le ganan?
Cuarta conclusión: La Ley del
Desarrollo Docente no garantiza la estabilidad laboral de quienes están
actualmente en la Ley del Profesorado y la Ley de la Carrera Pública
Magisterial. Si bien todos ingresan
a la ley del desarrollo docente, después de tres años quienes no aprueben
el examen que será obligatorio serán separados del magisterio. No lo
decimos nosotros. Lo dice incluso el dictamen aprobado en estos días por
la Comisión de Educación.
Quinta conclusión: Nuestro
cuestionamiento mayor al espíritu tecnoburocrático de la Ley del Desarrollo
Docente, dado de que los comités de desarrollo de evaluación en los colegios,
han de ser presididos por tecnócratas del Ministerio de Educación, privándose a
los padres de familia y a los representantes de los docentes de
esta tarea.
Sexta y último conclusión: La nueva
ley de desarrollo magisterial, no respeta los derechos adquiridos por los
profesores que están en la Ley del Profesorado, puesto que los docente que
estén en el cuarto o quinto nivel y pretenden ubicarlos en el segundo nivel, en
detrimento y negación de lo que efectivamente son los maestros del Perú.
Sobre este tema de la calidad
educativa y magisterio deberemos de seguir comentando. Es una tarea
pendiente para nuestros políticos. Así como la cordura.
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