¿UNA NUEVA LEY GARANTIZA LA CALIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA?

Escribe: Wilder Calderón Castro

Los ejemplos abundan. Parecieran salidos del mismísimo realismo mágico. Durante un cónclave literario en los 60, realizado en la Universidad Nacional de Ingeniería, Mario Vargas Llosa le reseñó a Gabriel García Márquez cómo un gobierno brasileño suprimió una epidemia con un decreto. El autor de “Cien Años de Soledad” retrucó que un gobernante colombiano pretendió con una ley olvidar el episodio de la matanza de tres mil obreros.


El dictador Juan Velasco Alvarado hizo precisamente lo propio con la reforma agraria, a sabiendas que ese proceso duró cincuenta años en México y que nuestros campesinos no contaban con la capacitación o tecnología.

Podríamos acusar de lo mismo al extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien dictó decretos con rango, valor y fuerza de ley durante la mayor parte de su gobierno. Y ni qué hablar de su émulo Nicolás Maduro quien inauguró la “navidad temprana”, 54 días antes, para dizque brindar al pueblo la “suprema felicidad social”. "Feliz Navidad 2013, Navidad temprana, victoria temprana, felicidad temprana para toda la familia, pues es objetivo de mi gobierno la suprema felicidad social de todo el pueblo, así reciba burlas de la burguesía apátrida", declaró.

La mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula no son producto de la pluma de legisladores o de quien promulga la ley. Una resolución suprema o un decreto legislativo no aterrizan en la cotidianidad de la universidad. El nivel de los docentes y de los alumnos no puede elevarse, por obra y gracia de los considerandos o la parte resolutiva de un documento proveniente de algún burócrata. Tampoco nos sacará del fondo de la tabla PISA.

El dictamen de la nueva Ley Universitaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República ingresará pronto al Pleno. Este futuro legicidio contra la autonomía universitaria se perpetrará a vista y paciencia de una representación nacional que inclinará la cerviz, para acatar los dictados palaciegos, a pesar de que la inconstitucionalidad en sí misma que encierra este proyecto de ley que contraviene el artículo 18 de la Constitución Política del Estado.

En la vida republicana existen situaciones políticas claves, donde debemos buscar la reflexión, concordia y unión entre peruanos, tal y como ocurrió frente al veredicto de la Corte Internacional de la Haya y que puso fin a la controversia marítima entre Perú y Chile. ¿Acaso la educación y la calidad educativa no es también una política de Estado? ¿La polarización política le hace bien al país y a la educación que impartimos en los colegios y las universidades?

Los autores del proyecto de ley tienen el mérito de poner en primera plana lo que evidentemente es una necesidad, pues la ley que rige la vida universitaria actual data de hace treinta años. Es tiempo de hacer una introspección y cambiar como producto de eso, tal y como ocurre en el mundo universitario, pues de la discusión nace la luz. Empero, deberemos realizar este debate en el marco de la ética, el respeto constitucional y legal, sin transgresiones.

La calidad educativa es indispensable en un mundo globalizado y competitivo. No nos podemos restringir a elaborar la norma. Debemos delimitar también políticas y visiones a largo plazo que nos permitan trabajar científicamente por sistemas, procesos y metodologías que registren resultados y elementos contrastables (llámense indicadores). Cada uno de los componentes (un currículo prospectivo; un perfil para la empleabilidad del egresado; un plan de estudios por competencias; el escenario e implementos de avanzada) resultan fundamentales para dotar de calidad la educación.

El control de calidad debe hacerse con ciencia y conciencia acompañado de institucionales como las implementadas por el CONEASE, que para el caso de las universidades es CONEAU. Las cosas como son: La superintendencia adjunta al Ministerio de Educación que promueve el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Educación del Congreso de la República no garantiza la más remota calidad. Éste es el fondo del debate.

En el aquí y ahora los legisladores tienen una responsabilidad histórica. La calidad en la educación universitaria no se impone con una ley que no resiste un mínimo debate. Invocamos, desde estas líneas, la reflexión, el análisis pertinente y no conducirse por protagonismos o impulsos. El país, los jóvenes y las futuras generaciones así lo demandan hoy. La mayoría (que es la verdadera minoría del país) lo sabe.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

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