LA LEY DE MORA

Escribe: Wilder Calderón Castro

No se requiere de una bola de cristal, ni de extraños sortilegios, para saber que estábamos coleros en educación primaria y secundaria.  El resultado de la última evaluación PISA no nos sorprende y ya lo habíamos anunciado desde estas líneas en “Justo Medio”.  La demagogia gobiernista lleva al Perú a ocupar el puesto 65 de 65 países, tras obtener los peores resultados en matemáticas, ciencias y comprensión lectora.  ¿Queremos también un panorama igual de aterrador para la educación superior universitaria?
Dejar atrás algunas reformas emprendidas en el quinquenio pasado por el gobierno de Alan García, dícese la ley de la reforma magisterial, modernización de gestión, construcción de nuevos Marcos curriculares o la reconstrucción de los colegios emblemáticos, son las causas de ese retraso, en el corto plazo, y que evidencian la evaluación PISA.  Hemos terminado desandando un camino trascendente para la recuperación de la educación pública.
No podemos seguir haciendo demagogia con la expectativa del pueblo.  Cada día nos convencemos más que la educación es la base del desarrollo; sin embargo, desde el Ejecutivo se hace cada vez menos, a pesar de la oferta electoral de incrementar el porcentaje para este sector en el presupuesto nacional.   
La educación básica y los institutos y escuelas superiores, hace décadas, están sumidos en la lentitud tecno burocrática, en el entrampamiento propio de su dependencia a la administración pública; con programas curriculares de naturaleza retrospectiva y no prospectiva.   En Lima, el 50% de los centros educativos son privados.  Eso muestra que en realidad, los estudiantes están dejando la escuela pública para ir a la privada, por la percepción de la población que no existe calidad educativa en los colegios administrados por el actual gobierno. 
¿Acaso el ataque sistemático a las universidades obedece a un psicosocial que pretende tender una cortina de humo, sobre la deficiente calidad educativa en los primeros años del educando peruano, que suelen ser los más importantes?   ¿Desde cuándo es urgente edificar techos sin fortalecer, en primer lugar, los cimientos en la formación de los estudiantes peruanos?  Es urgente, que el Estado dedique esfuerzos para velar por la calidad de la educación pública básica regular (inicial, primaria y secundaria).
La Ley Universitaria vigente y que rige el actual sistema tiene más de 30 años y obedece a contextos políticos, sociales y económicos caducos.  Coincidimos que la norma debe modificarse por los avances del conocimiento científico, de la tecnología y de las nuevas características de la realidad.  Sin embargo, el común denominador para elaborar la nueva ley debiera ser el respeto de los principios y de los preceptos constitucionales, donde el artículo 18 de la Constitución es clarísimo: “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
¿A ese mismo gato que mantiene deficitariamente la actual educación pública regular, pretendemos dejarles el despensero llamado Universidad Peruana?  ¿Qué garantías de calidad educativa tenemos nosotros con la creación de la superintendencia adjunta al Ministerio de Educación que promueve el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Educación del Congreso de la República?  
Calidad educativa sí, sí o sí.  Siempre en el mismo marco jurídico de respeto a la Constitución.    Atrás debieran quedar las imposiciones, los autoritarismos y los verticalismos que tanto daño le hace al país.  La polarización política se auto exime de argumentos técnicos y exacerba los prejuicios sobre el tema.  El control de calidad debe hacerse con ciencia y consciencia acompañado de políticas objetivas de calidad en el CONEAU, a través de la autorregulación.
Aunque parezca contradictorio coincidimos con los voceros de este gobierno, cuando expresan que todos somos culpables de esta crisis que viven estos centros de estudios superiores.  La responsabilidad de la Universidad Peruana radica precisamente en no exigir al gobierno políticas claras, en materia de calidad educativa e investigación científica.   
Somos culpables también de la crisis porque nosotros elegimos a personalidades provenientes de agrupaciones políticas no preparadas, a quienes otros llaman partidos de medio pelo,  farsantes que fungen de técnicos; improvisados sabelotodos que no saben gobernar un país; asesores sin meritocracia; y, directivos sin capacidad efectiva de gobierno.   En resumen, políticos sin autoridad moral que hablan de universidad, sin haber pisado una.
 No es gratuito que se diga que la norma propuesta por el congresista Daniel Mora Zevallos y que la mayoría parlamentaria del Nacionalismo desea aprobar a rajatabla, entre gallos y medianoche, generará un mayor retraso en las metas de educación de calidad, que aspiramos durante los próximos años como Estado.  La llamada LEY DE MORA, precisamente es eso: DE-MORA el progreso, DE-MORA el consenso, DE-MORA la concertación, DE-MORA la educación de calidad, DE-MORA un clima de armonía, DE-MORA la investigación científica de calidad, DE MORA la garantía jurídica a la inversión en un Estado de Derecho.


*Doctor en Educación y ex Congresista de la República.