Lima, 13/07/2010 (Coordinadora Nacional de Radio).- Luego de dos sesiones, en que se discutió cada una de las ocho observaciones realizadas por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría un dictamen por el que se allana a las observaciones realizadas a la autógrafa de la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas.
La sesión del referido grupo de trabajo sometió a votación un texto que acepta los cuestionamientos del Ejecutivo y en que se indica que “la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios a las medidas legislativas o administrativas del Ejecutivo que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión”, en donde será la entidad estatal competente la que decidirá conforme a sus atribuciones constitucionales y legales.
Durante la sesión, el congresista Santiago Fujimori sostuvo que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una herramienta de solución de conflictos “en donde se diferencia el concepto de consulta del de participación. “Ahí se establece consulta, solo cuando se trata de traslado y tierras. Es un exceso instaurar un derecho a veto o la obligación de consultar todos los temas”, expresó.
A su turno, el congresista aprista Mauricio Mulder afirmó que las observaciones realizadas por el Ejecutivo apuntan a la integración y no a la segregación, buscando que nadie tenga más derecho que los otros, por lo cual señaló el apoyo de su bancada a la propuesta de allanamiento.
Por su parte, la congresista María Sumire aseveró que “el Convenio 169 es de obligatoria implementación. Se trata de un tratado sobre derechos humanos con rango constitucional. Las observaciones del Ejecutivo son inconstitucionales y representan un pésimo antecedente jurídico para el Congreso y el país”, indicó.
En tanto, el legislador Víctor Mayorga manifestó que el derecho al veto no es una figura que se encuentre fuera de la legislación internacional o nacional. “Existe derecho al veto en las Naciones Unidas y el propio Ejecutivo lo tiene cuando observa las leyes. De lo que se trata es que esté regulado. Por ejemplo, cuando se quiere que un ducto de gas pase por debajo del santuario de Megantoni en Cusco, los pueblos y las comunidades tienen derecho a que se les pida su opinión, se les consulte e incluso que puedan vetar esa decisión, pues les afecta directamente”, precisó.
Sin embargo, la congresista Martha Moyano señaló que no pueden existir imposiciones de una cultura a otra, y solicitó que el dictamen incluya una disposición que indique
que el INDEPA es el organismo que se encargará de organizar las consultas.
También se manifestaron a favor de la propuesta de allanamiento los congresistas Aldo Estrada, Wilder Calderón y Javier Valle Riestra, quienes expresaron que el derecho al veto es inconstitucional y recordaron que el Estado personifica a la Nación.
Así mismo, intervinieron los congresistas Víctor García Belaunde y Edgard Reymundo, los mismos que incidieron en los vacíos que se generaban al solo establecer el derecho a consulta cuando existe propiedad y no posesión, conociendo que muchas comunidades no cuentan con título.
Culminado el debate, la presidenta de la Comisión sometió a votación el dictamen de allanamiento, el cual obtuvo un apoyo de nueve legisladores: Alda Lazo, José Vargas, Raúl Castro, Javier Bedoya, Javier Valle Riestra, Santiago Fujimori, Mauricio Mulder, Wilder Calderón y Martha Moyano. Votaron en contra los congresistas Daniel Abugattas, Marisol Espinoza, Víctor Mayorga, Víctor García Belaunde y Edgard Reymundo. Se abstuvo el congresista Aldo Estrada.
La sesión del referido grupo de trabajo sometió a votación un texto que acepta los cuestionamientos del Ejecutivo y en que se indica que “la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios a las medidas legislativas o administrativas del Ejecutivo que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión”, en donde será la entidad estatal competente la que decidirá conforme a sus atribuciones constitucionales y legales.
Durante la sesión, el congresista Santiago Fujimori sostuvo que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una herramienta de solución de conflictos “en donde se diferencia el concepto de consulta del de participación. “Ahí se establece consulta, solo cuando se trata de traslado y tierras. Es un exceso instaurar un derecho a veto o la obligación de consultar todos los temas”, expresó.
A su turno, el congresista aprista Mauricio Mulder afirmó que las observaciones realizadas por el Ejecutivo apuntan a la integración y no a la segregación, buscando que nadie tenga más derecho que los otros, por lo cual señaló el apoyo de su bancada a la propuesta de allanamiento.
Por su parte, la congresista María Sumire aseveró que “el Convenio 169 es de obligatoria implementación. Se trata de un tratado sobre derechos humanos con rango constitucional. Las observaciones del Ejecutivo son inconstitucionales y representan un pésimo antecedente jurídico para el Congreso y el país”, indicó.
En tanto, el legislador Víctor Mayorga manifestó que el derecho al veto no es una figura que se encuentre fuera de la legislación internacional o nacional. “Existe derecho al veto en las Naciones Unidas y el propio Ejecutivo lo tiene cuando observa las leyes. De lo que se trata es que esté regulado. Por ejemplo, cuando se quiere que un ducto de gas pase por debajo del santuario de Megantoni en Cusco, los pueblos y las comunidades tienen derecho a que se les pida su opinión, se les consulte e incluso que puedan vetar esa decisión, pues les afecta directamente”, precisó.
Sin embargo, la congresista Martha Moyano señaló que no pueden existir imposiciones de una cultura a otra, y solicitó que el dictamen incluya una disposición que indique
que el INDEPA es el organismo que se encargará de organizar las consultas.
También se manifestaron a favor de la propuesta de allanamiento los congresistas Aldo Estrada, Wilder Calderón y Javier Valle Riestra, quienes expresaron que el derecho al veto es inconstitucional y recordaron que el Estado personifica a la Nación.
Así mismo, intervinieron los congresistas Víctor García Belaunde y Edgard Reymundo, los mismos que incidieron en los vacíos que se generaban al solo establecer el derecho a consulta cuando existe propiedad y no posesión, conociendo que muchas comunidades no cuentan con título.
Culminado el debate, la presidenta de la Comisión sometió a votación el dictamen de allanamiento, el cual obtuvo un apoyo de nueve legisladores: Alda Lazo, José Vargas, Raúl Castro, Javier Bedoya, Javier Valle Riestra, Santiago Fujimori, Mauricio Mulder, Wilder Calderón y Martha Moyano. Votaron en contra los congresistas Daniel Abugattas, Marisol Espinoza, Víctor Mayorga, Víctor García Belaunde y Edgard Reymundo. Se abstuvo el congresista Aldo Estrada.
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