¡LEY DE DESARROLLO DOCENTE NO VA!


Escribe: Wilder Calderón
 Nuestro cielo gris en octubre, mes de recogimiento, se tiñe de morado.  El Cristo de Pachacamilla, le hizo el milagro, pues terminó la huelga magisterial y los hijos del pueblo, aquellos cuyos padres no pueden pagar un centro educativo particular, regresan por fin a las aulas.  Sin embargo, los designios de la energía superior parecen estrellarse, sin remedio alguno,  en el Congreso de la República, donde se ha aprobado el dictamen de la Ley de Desarrollo Docente.
La semana que pasó asistimos a un importante coloquio para analizar la Ley de Desarrollo Docente,  propuesta por el actual Ejecutivo.   Anunciaron con anticipación que el debate estaría conformado por representantes del gobierno, del Congreso, líderes sindicales, líderes políticos.   Llegado el día, estuvimos presentes, pertrechados solamente de nuestras razones y convicciones.  Pero sobretodo de nuestra defensa de los valores, conquistas y beneficios del magisterio.
Sólo se presentó, el líder del SUTEP y representante del partido patria roja en el Acuerdo Nacional, César Barrera Bazán con quien confrontamos  ideas y coincidimos en lo nefasta que podría ser la aplicación de la Ley de Desarrollo Docente.   Nuestros argumentos giraron sobre los siguientes ítems:
Primera conclusión: Defender la ley de la carrera pública magisterial es defender el concepto de calidad educativa.  La necesidad de que la educación pública sea educación de calidad resulta imperiosa en nuestro contexto nacional.  Según la última encuesta nacional-urbana de Ipsos Apoyo publicada este domingo por El Comercio, casi el 90% de los encuestados considera que la educación básica en nuestro país puede ser calificada entre regular y mala.   Nuestro país ocupa el deshonroso puesto 138 de 144 en cuanto a calidad de la educación primaria, según el último Índice de Competitividad Global (2012-2013).
En los últimos 10 años, las remuneraciones del magisterio se incrementaron inicialmente con el presidente Toledo en un 75% y durante el segundo gobierno de Alan García, gracias a la ley de la carrera pública magisterial, se aumentó en un 400%.
Es menester entender que el binomio desarrollo económico y educación de calidad no siempre van de la mano.  Burundi es un país africano que ocupa el puesto 100 de 142 en relación a calidad educativa, teniendo un ingreso per cápita de 279 dólares.  En cambio, el Perú tiene 5,782 dólares per cápita de ingresos; no obstante y ocupa el lugar 138 de 144 en educación.  Sierra Leona ocupa el puesto 116 en educación con un ingreso per cápita de 362 dólares.  No cabe duda.  Es menester trabajar en aunar esfuerzos por la calidad educativa y conciliar en materia de políticas educativas.   El actual Ministerio de Educación como lo reconoce un editorial del diario “El Comercio” parece estar más preocupado en hacer concesiones que tranquilicen al Sutep, que en lograr una verdadera reforma del sistema educativo.
Segunda Conclusión: La calidad educativa se defiende con meritocracia. Este precepto que defendimos desde el Congreso durante el quinquenio 2006-2011 reposa en la necesidad del mérito del docente como condición sine qua non para acceder, permanecer y ascender en la carrera pública magisterial.   El  precepto es simple: Sin una cultura de capacitación permanente no existe un ajuste de remuneración.
Tercera Conclusión: No existe voluntad política de la actual representación nacional en Congreso de la República, para dotar de calidad a la educación pública.  Este limbo de dudas e imprecisiones nos permiten apuntar baterías en contra de quienes no responden a nuestras expectativas electorales.  Si revisamos la norma propuesta por el actual Ejecutivo, Ley de Desarrollo Docente, podremos apreciar que recoge el 90% de la Ley de la Carrera Pública Magisterial.  Un terrible copy page.  ¿Por qué entonces no sólo modificar la ley de la carrera pública magisterial en lugar de vetarla tácitamente, sin decirlo?  ¿Cuál es la necesidad de imponerle a todo su sello partidario?  No nos explicamos el porqué de este “complejo” fundacional (léase complejo de fundar de nuevo instituciones y leyes).  ¿A quién le ganan?
Cuarta conclusión: La Ley del Desarrollo Docente no garantiza la estabilidad laboral de quienes están actualmente en la Ley del Profesorado y la Ley de la Carrera Pública Magisterial.   Si bien todos ingresan  a la ley del desarrollo docente, después de tres años quienes no aprueben el examen que será obligatorio serán separados del magisterio.  No lo decimos nosotros.  Lo dice incluso el dictamen aprobado en estos días por la Comisión de Educación.
Quinta conclusión: Nuestro cuestionamiento mayor al espíritu tecnoburocrático de la Ley del Desarrollo Docente, dado de que los comités de desarrollo de evaluación en los colegios, han de ser presididos por tecnócratas del Ministerio de Educación, privándose a los padres de familia y a los  representantes  de los docentes de esta tarea. 
Sexta y último conclusión: La nueva ley de desarrollo magisterial, no respeta los derechos adquiridos por los profesores que están en la Ley del Profesorado, puesto que los docente que estén en el cuarto o quinto nivel y pretenden ubicarlos en el segundo nivel, en detrimento y negación de lo que efectivamente son los maestros del Perú.
Sobre este tema de la calidad educativa y magisterio deberemos de seguir comentando.  Es una tarea pendiente para nuestros políticos.  Así como la cordura.

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