Autor: Wilder Calderón Castro
La nueva Ley
Universitaria se ha convertido en el común divisor de estos tiempos, pues
provoca pasiones encendidas y muy pocos consensos en torno a su discusión. Antes de esgrimir nuestros puntos de vista,
es necesario subrayar en torno a este tema que se encuentra en el brasero
político que primero son los principios y luego de los principios, todo. La ardorosa defensa de la autonomía
universitaria y la autorregulación, se contraponen a un modelo de
intervencionismo estatal trasnochado.
No son tomadas en
cuenta
Las evaluaciones internacionales y el ranking que los
organismos encargados de esta tarea elaboran, son sumamente explícitos. Y un
llamado de atención, que debe ser nuestro compromiso mejorar en los próximos
años. La empresa inglesa QS
(Quacquaville Symonds) elaboró el correspondiente al año 2012. La mejor institución educativa superior de la
región es la Universidad de Sao Pablo (Brasil); le sigue la Pontificia
Universidad Católica de Chile, luego la Universidad Esladual de Campinas
(nuevamente Brasil) y la Universidad de Chile.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aparece en el quinto
lugar.
Ninguna universidad peruana está entre las diez
primeras. Solo figuran retrasadas, diez
entre las 250 mejores instituciones del continente, el resto de universidades
de nuestro país, ni siquiera han sido tomadas en cuenta. Esa es la cruda realidad que refleja la
carencia de políticas de Estado, debido a que no contamos con un norte como
país en educación.
Sin educación no hay
desarrollo
Es poco edificante para el orgullo nacional que más grandes
empresas que están invirtiendo en el país, traigan sus propios
profesionales. Hay una gran cantidad de
ingenieros, arquitectos, abogados, médicos y otros profesionales extranjeros
ejerciendo en el país. La empresas del
rubro gasífero han traído profesionales de mando medio para ejecutar sus
proyectos, porque en el país no los encuentran de la calidad que necesitan. Esto no puede continuar. Pero el remedio debe ser suministrado en
dosis homeopáticas porque de lo que se trata es de sanar al enfermo; no
matarlo.
Cuando vinieron al Perú, Francis Fukuyama y James Porter;
nos dijeron una verdad de Perogrullo: sin educación no hay desarrollo. Pareciera que no hemos asimilado tal
apotegema. El crecimiento económico
coyuntural que tenemos, necesita ser sostenible. Para ello, el nivel educativo es
determinante.
Habida cuenta del ranking de QS (ya mencionado), la
“importación” de profesionales calificados que está sucediendo en el país como
consecuencia de lo primero y la urgente necesidad de darle sostenibilidad al
crecimiento, lo que se espera es un diálogo sensato, sereno y
constructivo. Que no sea un obstáculo,
la pasión que despierta la autonomía universitaria.
Una educación sin
acuerdo nacional
Precisamente el Acuerdo Nacional (AN) se centra en cuatro
grandes objetivos nacionales para el desarrollo: 1° El fortalecimiento de la
democracia y Estado de Derecho; 2° El Desarrollo con Equidad y Justicia Social;
3° Promoción de la Competitividad del País; y, 4° Afirmación de un Estado
Eficiente, Transparente y Descentralizado.
Sin embargo, de sus 31 políticas de largo plazo nos extraña que en el
objetivo de acceso universal a una educación pública y gratuita y de calidad,
sólo se señale solo el compromiso de mejorar la educación superior pública, universitaria
y no universitaria.
La Autonomía
Universitaria
La imposición de una nueva Ley
Universitaria aprobada por una mayoría parlamentaria no es la solución. Nuestros congresistas deben aprender a
escuchar el clamor ciudadano. ¿Acaso olvidan que la Constitución de la
República, en su artículo 18, refiere que “cada universidad es autónoma en su
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y
económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en
el marco de la Constitución y de las leyes”?
El caballazo y autoritarismo de
una mayoría parlamentaria no puede borrar de un plumazo lo que dicta la ley de
leyes. Imponernos un modelo
universitario chavista no es el santo remedio para solucionar una crisis de
antigua data. El debate parlamentario
de la nueva Ley Universitaria, se debe centrar en perfeccionar los
mecanismos para mejorar nuestra institucionalidad desde la perspectiva de la
autonomía universitaria y la autorregulación que ejerce la Asamblea Nacional de
Rectores (ANR).
El Estado ha demostrado
fehacientemente, que todavía tiene serias limitaciones para brindar una
educación de calidad en los niveles pre-universitarios como para querer desde
el Ministerio de Educación regir el destino de las universidades públicas y
privadas como aparentemente la mayoría parlamentaria desea imponer, sin
discusión que medie. Aún está en debate
y con resistencias la Nueva Ley de Desarrollo Docente (norma clónica de la Ley
de la Carrera Pública Magisterial).
¿Tendrá aptitud para encargarse de un nivel más?
Si de verdad tenemos vocación
pedagógica, nuestros intereses personales o institucionales, deben subordinarse
al interés de los alumnos. Soy
consciente que los problemas no lo resuelven solo las leyes. Pues si así fuera eliminaríamos la pobreza
por decreto. Sin embargo, una bien
elaborada, puede contribuir a ordenar nuestros esfuerzos y comprometernos a superar estas limitaciones.
Por el bien del Perú, la mayoría
nacionalista-peruposibilista debiera promover una discusión en profundidad de
la Ley, donde los diferentes estamentos de la universidad estén representados
en el debate. Está en manos de la
Comisión y los otros actores, que la universidad mejore sus indicadores en una
sociedad globalizada. Hagámoslo por los
jóvenes del país.
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