EL MAESTRO SIEMPRE EN LA ENCRUCIJADA

Escribe: Wilder Calderón Castro

Pedro Pablo Kuczynski deberá cumplir, durante su gobierno, el Acuerdo Nacional que  contempla el incremento del presupuesto de Educación al 6% del Producto Bruto Interno, sector que en el 2016 contó con una partida equivalente actualmente al 3.85% del PBI.  Empero, el Ministerio de Educación no ha priorizado en el gasto público la labor docente.  Los números evidencian que la postergación del maestro persiste.
Los actos celebratorios por el Día del Maestro llegaron a su fin.  Los discursos que ponderan su trascendencia son letra muerta, una vez acabada la conmemoración.  Los reconocimientos oficiales ya se agotaron  y regresamos a la triste cotidianeidad.  Los maestros peruanos vivimos al margen de los supuestos avances de la reforma educativa.
La calidad educativa tiene en el maestro a uno de sus pilares fundamentales.  En el Perú, somos 470,635 maestros en la Educación Básica Regular y 26,000 en educación superior no universitaria, según cifras oficiales del Ministerio de Educación (MINEDU), que vivimos al margen del crecimiento económico, presupuestal y la inversión en la política educativa.  No hemos sido objeto de la prioridad de este gobierno que concluye este 28 de julio, dizque defensor de la inclusión social como se autoproclaman.
La supuesta reforma integral de la educación debiera implicar avances definitivos, en torno al sueldo misérrimo de los docentes, quienes no se ven bendecidos por la Ley Carrera de Desarrollo Docente, Ley Nº 29944 del 24 de noviembre del 2012.  Los nombrados de la primera escala ganan actualmente como mínimo 1,243 soles (24 horas) y como máximo 1,554 (30 horas), remuneración que no cubren la canasta familiar.
 El incremento sostenido del gasto público en materia de Educación, durante el último quinquenio, no chorrea al maestro, quien es el supuesto protagonista del cambio. Sin embargo, la anunciada reducción significativa de la brecha educativa, proclamada por el gobierno nacionalista, ha sido posible a expensas del sacrificio magisterial.
Le exigimos al maestro capacitación constante y de calidad.  Pero con esos sueldos se la pintamos muy difícil.  Las políticas de Estado debiera llevarnos a la convicción de que es necesario pagar bien y como consecuencia de ello exigir mayor capacitación; no al revés.  Caso contrario, el MINEDU debiera desarrollar  programas de capacitación, para mejorar la oferta educativa con costos razonables y acordes con el salario del profesor.  
Incluso el MINEDU refrendó esta semana el rol del maestro como paradigma de una educación de calidad.   Pero es él, el llamado a valorar la labor de los docentes, desde el punto de vista laboral y de oportunidades de desarrollo profesional.  Una educación pública es fundamental para el crecimiento del Perú.
Los países TOP en educación como Finlandia, Singapur, Hong Kong y Japón, ostentan una gran valoración de la profesión docente, cuestión que debiéramos emular más allá de los aspectos circunscritos a la meritocracia.  Al docente se le debe incluso evaluar también en aula; ahí es donde se refrendan los verdaderos méritos de su trabajo. 
En ese sentido, el MINEDU debiera implementar sistemas profesionales de gestión de mejora del rendimiento para incrementar la competitividad y la productividad docente, adecuados a nuestra realidad, que incluya mediciones que aborden su integridad y valores, no sólo sus habilidades y capacidades. 
Nuestros docentes deberán desarrollar urgente competencias en el manejo de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información (TICs), entre las que destacamos no solo las redes sociales, sino la manipulación de objetos virtuales a través de la realidad aumentada, el internet de las cosas, la big data.  La pedagogía de la innovación supone el incremento de competencias tecnológicas de nuestros docentes para cerrar las brechas educativas y tecnológicas.
Consideramos que mejorar la profesión docente es una tarea pendiente en la agenda nacional para el Bicentenario de la Independencia.  Las políticas de calidad educativa y de inclusión social deben abordar la deuda social y económica que tiene nuestro país con los maestros.  Asumir este reto, redundará en una población mejor educada que enfrentará los compromisos país para el sistema educativo público del siglo XXI. 


 Publicado en  la revista Velaverde

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