Diario de Chimbote, 19 de abril de 2012.- Para el ex congresista Wilder Calderón Castro el conflicto en la viabilidad del Proyecto Especial Chinecas es un problema de sostenibilidad y no una decisión política, por lo cual responsabilizó al gobierno regional de no ejecutar un perfil rentable que pueda ser aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“El problema fundamental que se ha tenido en los últimos 5 años es que el proyecto SISA costará 23 mil dólares la hectárea cuando el proyecto Chavimochic y Olmos cuesta 6 mil dólares, además en Chinecas el metro cúbico de agua costaría 40 centavos de dólar, cuando el promedio nacional es de 6 a 7 centavos,” aclaró el ex parlamentario.
Asimismo, Wilder Calderón defendió la gestión aprista indicando que cuando el MEF rechazó el proyecto SISA, la FAO brindó una serie de alternativas de solución, sin embargo, el gobierno regional de Cesar Álvarez se negó a ceder ante las observaciones.
Además, el ex congresista se mostró complacido con la actual situación del proyecto especial, pues asegura tener información en la cual revela la reducción del presupuesto en aproximadamente 500 millones de soles, la disminución de gastos generales y de la bocatoma para Chincas, motivo por el cual el actual gobierno de Ollanta Humala estaría a pocos días de entregar la viabilidad.
Pese a los avances revelados, el aprista advirtió que se deben planificar mecanismo de sistema de control a fin de evitar corrupción en el desarrollo del proyecto, acción que su parecer le corresponde a la actual representación congresal de Ancash, la cual según su opinión no está realizando adecuadamente su trabajo de fiscalización.
Ante los cuestionamientos a su falta de compromiso cuando era parlamentario, Calderón sólo atinó a justificarse indicando que no le alcanzó el tiempo para fiscalizar debidamente.
Por otro lado, el Wilder Calderón rechazó la propuesta del congresista Modesto Julca para que el proyecto especial Chinecas sea ejecutado por el gobierno central a fin de evitar la corrupción, pues asegura que el congreso puede evitar las irregularidades tanto en el desarrollo como en la selección de la empresa ejecutora.
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