OPINIÓN: LA JUSTICIA SECUESTRADA

¿Cuál es el castigo ejemplar para quienes perpetran crímenes contra la inocencia de sus plagiados? ¿Cómo defendemos a los ciudadanos de prontuariados delincuentes que secuestran el futuro de sus víctimas inocentes? ¿Qué hacer para frenar el oportunismo de sanguinarios sátrapas que no muestran el mínimo respeto por la vida?

Todos los peruanos estamos envueltos en este cotidiano drama. Cobremos conciencia sobre lo que ocurre en este país, secuestrado por una tecno burocracia, insensible al dolor familiar de la pérdida. Y de algunos jueces corruptos que expiden sentencias benignas para los transgresores de la tranquilidad pública.

¿Dónde están Amnistía Internacional y las ONG cuándo se perpetra un crimen contra uno de estos mártires del oprobio? ¿Dónde están cuando una familia llora una muerte inocente producto de la insana ambición por el dinero? ¿Por qué solo aparecen cuando se juzga un terrorista, un violador, un secuestrador? ¿A qué Estado de Derecho defendemos acaso, el de los trasgresores? ¿Dónde queda la Convención Americana de los Derechos Humanos o el Pacto de San José cuando un menor secuestrado es vejado y asesinado?

Esta semana presentamos un proyecto de Ley que otorga la pena de muerte para secuestradores de menores de 12 años de edad que ocasionan la muerte de sus víctima, mediante una reforma del artículo 140 de la Carta Magna. Sin embargo, esta iniciativa legislativa en la vorágine mediática de inicios de semana fue tildada de cortina de humo.

¿Es una cortina de humo recoger el clamor de justicia del 77% de los peruanos que están de acuerdo con la pena de muerte de sus victimarios? ¿Acaso la democracia reside en el gobierno de una minoría? Preguntémosle entonces a las familias enlutadas por el horror, si exigir la pena de muerte para los culpables es un distractor político.

Estamos conscientes: No se trata de lo que “le guste a la gente”, ni de crear un circo romano IBOPE Time. Tampoco pretendemos convertirnos en populistas. Menos aún en demagogos.

Fragantes contradicciones subyacen en el sistema judicial. ¿Por qué consideramos la cadena perpetua y no la pena de muerte como castigo para el secuestrador que sacrifica a un inocente, si desde el Estado tácitamente reconocemos que estos delincuentes por su alto nivel de peligrosidad son incorregibles?

¿Qué oscuros intereses se mueven, en torno a denunciar el Pacto de San José cuando se trata de proteger a nuestra niñez? ¿Es acaso preferible mantener el status quo de los secuestradores para evitar que en un futuro se amplíe a narcotraficantes o corruptos?¿Por qué aferrarnos a una camisa de fuerza legal que nos queda grande, si EE.UU, país paradigma de los derechos humanos, aplica la pena de muerte en 38 de los 52 estados? ¿Dónde están los tinterillos y los leguleyos? ¿Acaso el orden legal es estático en el tiempo y el espacio?

Antes de plantear este proyecto de ley nos sabíamos expuestos a la manipulación tendenciosa, la ridiculización mediática, la subestimación pública. En realidad, eso no importa. Y no se trata de un nuevo matiz del martirologio aprista. Es nuestra expresa voluntad como ciudadanos y padres de familia.

Estimados lectores: Esperamos que se adhieran a esta propuesta, para que no nos secuestren la posibilidad de hacer justicia. (Wilder Calderón Castro, Congresista de la República).

En México la campaña a favor de la pena de muerte para los secuestradores es pan de cada día